Al proclamarse la independencia,
el Perú debía definir el territorio que por derecho propio debía poseer. Los
principios para establecer ese derecho fueron: del uti possidetis (tiene su
origen en el derecho romano; la fórmula era: uti-possidetis ita possidatis, que
quería decir “como estáis poseyendo así sigáis poseyendo”), de la libre
determinación de los pueblos (derecho que tienen los pueblos que se declaran
independientes de una metrópoli para formar estados soberanos, anexarse a otros
para formar confederaciones o, decidir reunirse a una circunscripción distinta
a la que venían perteneciendo al margen del principio de uti possidetis) y,
eventualmente, de la acción descubridora y civilizadora.
Por el principio de uti
possidetis, el nuevo estado debía ocupar el territorio del antiguo Virreinato
peruano y éste incluía Maynas (devuelto al Perú por la Real Cédula de 1802);
Tumbes y Guayaquil (que se reincorporaron al Virreinato por la Real Cédula de
1803); la intendencia de Puno (reincorporada en 1796); y el Alto Perú (reincorporado
por el virrey Abascal hacia 1810 debido a las revueltas separatistas en
Chuquisaca y la Paz).
Pero algunos de estos territorios
tendrían destinos diferentes. La victoria patriota de Pichincha (1822), puso en
juego el futuro de Guayaquil que antes había apoyado la independencia del Perú.
Incluso envió una representación al Primer Congreso Peruano evidenciando su
voluntad autónoma y libre de decidir su destino. Sin embargo, Bolívar,
interesado en dotar de un puerto a Quito, decidió, sin consulta popular alguna,
anexar Guayaquil a la Gran Colombia. Fue en ese contexto que San Martín llegó a
dicho puerto a entrevistarse con Bolívar en julio de 1822. El hecho estaba
consumado y el Perú nunca tuvo en los años posteriores una política para
reinvindicar Guayaquil; se terminó aceptando el principio de “libre
determinación” como si este hubiera funcionado realmente.
Caso contrario ocurrió con la
provincia de Jaén de Bracamoros. Había pertenecido al Perú hasta 1739, año en
que fue incorporada al Virreinato de Nueva Granada. Sin embargo, al aproximarse
los tiempos independentistas, sus habitantes, actuando con absoluta libertad,
decidieron proclamar su independencia en 1820 junto a Trujillo, Lambayeque,
Piura y Tumbes. Fue un caso típico de “libre determinación” y desde entonces
nunca Jaén dejó de pertenecer al Perú.
El destino del Alto Perú se tornó
aún más complejo. Históricamente unido al Bajo Perú, desde 1776 pasó a formar
parte del virreinato del Río de la Plata. Esta anexión fue muy criticada
entonces, sobre todo por el virrey Manuel Guirior quien temía una crisis
económica en el Perú al pasar las minas de Potosí a otro virreinato. Desde ese
momento, el Alto Perú osciló entre las influencias de Lima y Buenos Aires hasta
que el territorio se convulsionaría en la época de las juntas de gobierno de
Chuquisaca y la Paz.
Pacificado por el virrey Abascal
en 1810 su territorio se reincorporó al virreinato peruano por lo que el Alto
Perú (o la Audiencia de Charcas) dependía políticamente de Lima al momento de
la independencia. Sin embargo, luego de la victoria de Ayacucho, el general
Sucre entró a Chuquisaca y reunió una asamblea en el antiguo local de la
universidad San Francisco Javier donde 40 altoperuanos decidieron declarar su
independencia respecto al Perú; esto ocurría el 6 de agosto de 1825. Luego de
esta histórica decisión, llegaba Bolívar quien no opuso resistencia a la
creación de una nueva república que llevara su nombre: Bolivia. De esta forma,
se fraccionaba al Perú en dos a través de una maniobra divisionista e
interesada de Bolívar y Sucre. La idea era restarle peso político, territorial
y económico al antiguo Perú (los dos perúes, el Alto y el Bajo) en favor de la
Gran Colombia para que ésta tenga supremacía en la futura Federación de los
Andes.
Para algunos, Bolívar recogió los
sentimientos regionalistas y autónomos que los altoperuanos habían desarrollado
desde 1776; para otros, su inesperado nacimiento como República fue una suprema
contradicción frente al ideal unitario del Libertador. La geografía también
estaba en su contra: pocas zonas del continente quedaron tan aisladas del mundo
externo como Bolivia. Su acceso al Pacífico a través del puerto de Cobija era
prácticamente imposible debido a la presencia del desierto de Atacama; hacia el
Atlántico, la antigua ruta comercial que llegaba hasta Buenos Aires estaba
prácticamente abandonada.
Finalmente, el nuevo estado
peruano quedó organizado en base al antiguo territorio del Virreinato del Perú
que comprendía las audiencias de Lima y Cuzco. Posteriormente, Bolívar, en
1825, estableció en forma definitiva la demarcación interna con siete
departamentos: La Libertad (ex-intendencia de Trujillo), Junín (ex-intendencia
de Tarma), Lima, Ayacucho (uniendo las antiguas intendencias de Huancavelica y Huamanga),
Puno, Cuzco y Arequipa.
FRONTERAS DEL PERÚ
El Perú se encuentra situado en
la parte occidental e intertropical de América del Sur. Está conformado por un
territorio de una superficie continental de 1.285.215,60 km², lo que lo
convierte en el vigésimo país más grande en tamaño de la Tierra y el tercero de
América del Sur. Además, forma parte del territorio del Perú la superficie
marina en el océano Pacífico, denominado Mar de Grau, que se extiende a lo
largo del litoral peruano en una extensión de 3080 km y una línea imaginaria a
200 millas náuticas de distancia del punto más cercano de la costa.
El Perú tiene fronteras terrestres
con cinco países: por el norte con Ecuador y Colombia; por el este con Brasil,
por el sureste con Bolivia y por el sur con Chile, totalizando 7.073 km de
línea de frontera terrestre.1 Tradicionalmente posee fronteras marítimas con
Ecuador y Chile. Las fronteras terrestres y marítimas del Perú están
perfectamente delimitadas y amparadas por los respectivos tratados
internacionales que son irreversibles en forma unilateral. Estos límites fueron
aprobados en el Congreso de la República, mediante la Ley Nº 24650 del 19 de
marzo de 1987.
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